La situación supera al INAU Apenas 300 delincuentes juveniles tienen en jaque a Montevideo.
Los menores infractores tienen aterrorizada a la población. Delinquen, en muchos casos bajo la influencia de la pasta base, los atrapa la policía, van a la justicia, los encierran, se fugan, vuelven a delinquir, y es el cuento de nunca acabar
La infraestructura inadecuada de los hogares de reclusión de INAU les facilitan las fugas, y los funcionarios no están preparados para atenderlos; mucho menos para contenerlos. Allí los internos viven en condiciones infrahumanas, carentes de rehabilitación.
No son más de 300 según el Jefe de Policía de Montevideo, pero tienen asolada a la ciudad.
“Si se los quiere rehabilitar, lo primero que hay que impedir es que vuelvan a cometer delitos, y acá es escandaloso que se hayan fugado 1000 menores el año pasado”, dijo el senador Carlos Moreira a La Democracia
Para Moreira todo lo que tiene que ver con el régimen que asegura la privación de libertad de los menores, “tiene que salir lo más rápidamente posible de la competencia del INAU”.
Durante el año 2009 hubo 1.000 fugas de menores de los centros de reclusión del INAU. En promedio, el mismo menor pasó tres veces por la justicia.
"Estamos preocupados por la falta de contención de menores. Nosotros sabemos que no son más de 300 menores que deberían estar presos, tenemos que decir las cosas como son, y con esos menores recluidos como deben estar, la seguridad mejoraría en forma notoria. No estoy diciendo que desaparecería la delincuencia, porque esto no es así, pero el problema sería reducido sensiblemente y todos lo notaríamos."
“La Policía es consciente de sus limitaciones, tenemos muchos problemas, lo sabemos. Pero salimos todos los días a buscar a estos muchachos, los detenemos y al poco tiempo volvemos a tener el problema en la calle", afirmó el Jefe de Policía de Montevideo Walder Ferreira en declaraciones a El País.
Sus comentarios hacen referencia al alto nivel de fuga de menores infractores que la policía captura diariamente para ser llevados ante la Justicia, donde el juez determina que sean recluidos en los centros de reclusión de INAU. Pero allí no termina el problema, en realidad comienza, porque una vez recluido, rápidamente, a veces a los pocos días, los menores se fugan, vuelven a delinquir y comienza una vez más el círculo vicioso que nunca termina.
Sumado a esto, el Código de la Niñez y la Adolescencia no persigue la tentativa de hurto, y muchos menores que son capturados mientras realizan un robo deben ser liberados, lo que genera en ellos una sensación de impunidad.
Según un estudio del Dr. Daniel Sayagués, Defensor de Oficio de menores infractores, basado en los delitos cometidos durante enero, febrero y marzo de 2010 en el Juzgado de Tercer Turno de Montevideo, el 50% de los detenidos fueron reincidentes, el 25% primarios y el 20% ingresó por consumo de pasta base.
También se pudo saber que sólo 5% delinquió por necesidad.
El caso paradigmático de los últimos tiempos, aunque no el único, lo protagoniza El Ricky. Un menor infractor de 16 años que el año pasado integró la Banda del Marrón, y este año lideró la Banda de la Granada.
En menos de un mes se fugó dos veces.
El 20 de mayo, después de ser identificado como responsable de varias rapiñas con la granada falsa, un juez decidió internarlo con medidas de seguridad en la Colonia Berro. Tres días después se fugó.
El 2 de junio participó de un atraco al supermercado Super Sol, donde baleó a un guardia en las piernas, y el 3 de junio lideró el sangriento asalto al restobar Gazpacho, donde le disparó a un cliente y a un repartidor.
Dos días después fue capturado mientras caminaba por Malvín Norte y lo internaron nuevamente en un hogar de máxima seguridad, pero a los 12 días se volvió a fugar. La próxima víctima es posible que sea su madre, que vive con custodia policial desde que la semana pasada El Ricky la amenazara de muerte por haberlo denunciado.
Según el senador Carlos Moreira, integrante de la Comisión Multipartidaria de Seguridad, el INAU en el tema de los menores infractores está “absolutamente desbordado y ha sido impotente en cuanto al funcionamiento”.
Consultado por La Democracia, Moreira explicó que si bien en el Código de la Niñez y la Adolescencia la privación de libertad en el caso de los menores es el último recurso, también señala que hay que ponerlos en lugares que aseguren su permanencia en el recinto.
“Si se los quiere rehabilitar, lo primero que hay que impedir es que vuelvan a cometer delitos, y acá es escandaloso que se hayan fugado 1000 menores el año pasado”, enfatizó.
Las fugas de menores infractores contribuyen a la inseguridad general
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece un sistema de responsabilidad penal juvenil para los adolescentes infractores de entre 13 y 18 años.
Las medidas previstas pasan por la reclusión abierta, reclusión cerrada, medidas cautelares, presentación a la autoridad, entrega a los padres, etc.
Según el Código, existen dos tipos de delitos; delitos graves y delitos gravísimos, y cuando un menor infractor de entre 13 y 18 años comete un delito gravísimo puede ser privado de su libertad por el juez de menores, el juez de adolescentes, por un plazo de hasta cinco años.
No obstante el problema persiste por más que exista la disposición judicial de que esos menores permanezcan recluidos, porque una y otra vez se fugan.
En opinión del senador Moreira, lugares como la Colonia Berro han demostrado ser absolutamente inadecuados, pero parte de la responsabilidad de las fugas la tiene el personal de INAU.
“Creo que también hay fallas en el tema del personal, porque viven de conflicto en conflicto. Sé que es una tarea extremadamente compleja, no podemos desconocerlo, pero ahí está fracasando. El régimen de privación de libertad debe requerir que el personal que se ocupe de eso tenga una especialización diferente, de la cuál a todas luces resulta obvio que la gente de INAU no la tiene”, afirmó el legislador.
Según Moreira, en el período anterior se designaron muchísimas personas para ocuparse de esos temas y sin embargo “todos los intentos han sido infructuosos. Eso es un fracaso que incide muy grandemente en los índices de inseguridad que se dan sobre todo en Montevideo y área metropolitana”, señaló.
En su opinión, el tema de la minoridad infractora tiene una incidencia cada vez mayor, sobre todo por la influencia de la drogadicción, porque la mayoría de los menores infractores son adictos a la pasta base, y en ese estado están manifestando una peligrosidad y una capacidad de violencia, de insensatez que antes no se conocía.
Con respecto a rumores que han surgido en torno a la posible complicidad de algunos funcionarios en las fugas, Moreira dijo que quizá en algún caso puede haber habido complicidad de los funcionarios, pero no puede afirmarlo.
El legislador explicó que en las cárceles para mayores, tanto el Ministro del Interior como el Comisionado Parlamentario expresaron que se ha podido constatar que el ingreso de droga y de armas, vienen por la complicidad de algunos policías deshonestos. Por lo tanto, aunque no puede afirmarlo, “en el caso de INAU es una posibilidad que no puede descartarse, porque parece increíble que podamos hablar de 1000 fugas en un año, cuando según las autoridades son entre 300 y 350 menores infractores los que delinquen frecuentemente. No son tantos; no puede ser que algunos se escapen tres, cuatro o hasta cinco veces”, espetó.
A este respecto, el futuro Presidente de INAU fue consultado por Montevideo.com y respondió: “… si existe gente que permite a los chiquilines fugarse deliberadamente, en los casos en que se ha detectado, se está en sumario al respecto, y hay varios casos en que se han destituido funcionarios”.
Por su parte, el Dr. Daniel Sayagués, abogado defensor de adolescentes, dijo al diario El País, que "hoy no hay nada en el INAU, no hay modelo siquiera, es un sistema perverso por el cual hay una especie de cupo fijo de 300 infractores, que si se le suman unos pocos más, colapsa".
También manifestó que "no se construyó un solo metro cuadrado para adolescentes infractores en los últimos cinco años".
Coincidiendo con las apreciaciones del Dr. Sayagués, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak dijo al diario El País que las dificultades en los centros de internación del INAU se han transformado en un problema endémico.
"Hemos abogado para que tanto los adultos como los menores estén recluidos en establecimientos con buena estructura, con una cantidad de plazas adecuadas", expresó, y subrayó la necesidad de que desde el gobierno surjan iniciativas para mejorar la situación.
Según el senador Moreira, ex Vice Ministro del Interior en la década del 90, solucionar la falta de plazas para menores infractores “es una urgencia”.
“Tenemos una urgencia carcelaria en materia de mayores. Me parece que también en materia de menores vamos a tener una urgencia”, dijo.
Moreira explicó que en el caso de los menores no se trata de cárceles, sino de lugares donde se recluyen y se reeducan a los menores infractores con medidas socioeducativas que hay que implementar a tiempo, pero “asegurando, como lo dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, su permanencia en el recinto donde el juez ordena que estén y no salgan”.
Con respecto al tema de las plazas, el futuro Presidente de INAU, Dr. Javier Salsamendi ha manifestado a la prensa que “existe la necesidad de crear en lo inmediato entre 150 y 200 plazas nuevas para manejar mejor la situación, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el aspecto socioeducativo. Por eso le planteamos al ministro del Interior esta posibilidad y él se comprometió a dar una respuesta. Esto nos permitiría descongestionar el ingreso, trasladar a los adolescentes más conflictivos a estos nuevos lugares y pensar en la Colonia Berro como un centro enfocado a la educación ya a la reinserción de los adolescentes, sin perder condiciones de seguridad”.
Contrariamente a la opinión de Salsamendi, el Dr. Sayagués considera que "siendo moderados, habría que crear al menos 200 nuevas plazas, que no sean de encierro". Porque "crear celdas sale carísimo y reproduce el sistema desastroso que existe".
Los centros de reclusión de menores deben salir de la órbita de INAU
El Semeji (Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción), ex Interj atiende a 640 menores infractores; 300 bajo la modalidad de privación de libertad y 340 a través de medidas no privativas de libertad o alternativas.
En éste último caso, los jóvenes deben cumplir tareas comunitarias, estudiar y trabajar, según lo disponga la Justicia en cada caso.
Actualmente el Semeji está al tope de su capacidad.
El actual Gerente de Semeji, Jorge Jouroff, dijo al diario Últimas Noticias que se combatieron las fugas masivas, pero que aún persisten algunas fugas aisladas.
Consultado sobre si es posible evitar las fugas, Jouroff respondió al matutino que “Es inevitable…, toda situación de reclusión trae aparejado ese problema y para eso es que se crea un sistema de seguridad. Aunque el objetivo primario de un sistema de reclusión no es evitar las fugas, sino la rehabilitación y para eso la seguridad es útil para crear un entorno propicio para eso”.
Para el senador Carlos Moreira todo lo que tiene que ver con el régimen que asegura la privación de libertad de los menores, “tiene que salir lo más rápidamente posible de la competencia del INAU”.
El legislador comentó a La Democracia, que en la Comisión Multipartidaria de Seguridad han hablado de sacar las cárceles de la órbita de la policía con el objetivo de crear un instituto de rehabilitación previsto en la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario que nunca se utilizó.
Basados en ése mismo criterio incluirían el tema de los menores infractores.
Desde el punto de vista práctico, se trata de crear un instituto de rehabilitación con dos ramas, una para mayores y otra para menores, o de lo contrario dos institutos de rehabilitación; uno para mayores y otro para menores.
“Eso por supuesto tendrá que ser materia de la ley y está recogido en el documento de la Multipartidaria cuyo proyecto llevé al Directorio del Partido Nacional el lunes 28 de junio”, dijo.
El Partido Nacional insiste en que el Semeji (ex Interj) salga de la competencia del INAU. Que ese organismo debe encargarse de todos los otros temas de la minoridad, pero no de lo relacionado con los menores infractores que violan las leyes penales.
“En esos somos enfáticos. Eso tiene que salir, porque hemos constatado un fracaso absoluto, un desborde total de la capacidad del Semeji, que se ocupa de los menores infractores dentro de INAU.
El Frente Amplio ha manifestado acuerdo en este tema. No obstante, “no han querido expresarlo directamente en el documento que va a salir de la Comisión Multipartidaria, aunque han hablado de servicios descentralizados que se ocupen de esos temas”
Según manifestó el Dr. Sayagués al diario El País, “se debe crear un centro paralelo a los existentes, con nuevos funcionarios y con áreas para deportes y tareas educativas, donde los menores sean alojados en varios barracones de hasta 20 integrantes cada uno.
La rehabilitación no existe y las condiciones son infrahumanas
Mientras las fugas están a la orden del día, la rehabilitación y las medidas socioeducativas para todos los menores infractores aún no se concretan.
SUINAU, el Sindicato de los trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (SUINAU) dio a conocer el 9 de junio en la Plaza Matriz fotografías que demuestran las condiciones infrahumanas en que se viven los menores alojados en INAU y las deplorables condiciones laborales de los funcionarios.
La muestra se realizó en el marco de un paro de actividades de los funcionarios.
Anteriormente, el sindicato de INAU había mostrado ante una comisión legislativa, unas fotos que daban a conocer el maltrato sufrido por los menores alojados en los centros de reclusión de INAU.
Esa conducta les valió a dos dirigentes sindicales, el Presidente del SUINAU, Joselo López y el secretario Carlos Salaberry, ser sumariados por el ex Directorio presidido por Nora Castro.
En declaraciones a La Juventud, Joselo López manifestó que “el sindicato reclama un ordenamiento del organismo desde todo punto de vista; administrativo, de la gestión humana y desde el punto de vista financiero".
"Es absolutamente necesario concretar un plan de emergencia que pueda generar espacios donde poder atender las demandas del Poder Judicial de ingresos a la Institución y que hoy el INAU no está preparada para atender", subrayó López.
Según la Organización Mundial Contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, muchos hogares de reclusión de jóvenes infractores presentan condiciones edilicias que no dignifican a los adolescentes y crean situaciones de suma tensión.
Ambas organizaciones, que visitaron los centros de privación de libertad del INAU, encontraron celdas “intolerables” y enormes diferencias entre los establecimientos, lo que determina que Uruguay esté por debajo de los mínimos aceptados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
La OMCT trabaja desde el año 2003 con el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su tarea consiste en examinar la situación de los niños y adolescentes privados de libertad en Uruguay.
A partir de las visitas elaboran informes de la situación relevada.
Tanto la OMCT como el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay han denunciado violaciones a los standares internacionales.
También han establecido un listado de recomendaciones para mejorar la situación de las condiciones de reclusión en el país, pero según manifestó Eric Sottas, Secretario General de OMCT, en siete años la mayor parte de estas recomendaciones no han sido implementadas.
Más allá de destacar algunas medidas que fueron implementadas por las diferentes autoridades que han estado al frente el INAU, Sottas dijo que “falta un plan claro de formación de los adolescentes” y subrayó la “situación infrahumana en la que se encuentran muchos de ellos” en varios centros de reclusión.
Consultado con respecto a si es posible mejorar esta situación en Uruguay, Sottas manifestó: “Yo creo que es posible, Uruguay no tiene un número de menores privados de libertad tan alto, estamos hablando más o menos 300, 400. En términos presupuestarios, aunque sabemos que es difícil de encontrar los recursos, eso no supone una inversión tan alta”.
A pesar de esto, el Secretario General de la OMCT reconoció que por el momento no ve un “proyecto claro sobre el cual se pueda desarrollar una política concreta, un cronograma de trabajo y los medios adecuados”.
Con respecto a la idoneidad de los funcionarios para cumplir una función de estas características, Sottas expresó que “al no estar los objetivos claros desde el sistema central, los empleados no tienen instrucciones específicas y claras”.
Y agregó: “Yo creo que la realidad de esos centros sorprende a todo el mundo porque Uruguay por un lado es un país que dentro del Hemisferio del Sur es un país sofisticado, adelantado, (…), pero al mismo tiempo sorprende mucho la situación de menores privados de libertad como si estuviéramos en un país de otro mundo”.
En sus visitas a Uruguay Sottas se ha reunido con la Suprema Corte de Justicia, el INAU, el Ministerio del Interior y Unicef, entre otros organismos vinculados al tema.
También ha visitado un amplio número de centros de reclusión de INAU.
No hay comentarios:
Publicar un comentario